Intempestivamente, el Gobierno ha propuesto un grupo de iniciativas de ley para modificar partes sensibles del entramado institucional del Estado mexicano.
En lo esencial, tales iniciativas contemplan establecer la segunda vuelta en la elección presidencial, la reelección por cuatro periodos consecutivos para alcaldes y diputados. Además, la reducción de los escaños en la Cámara de Diputados a 400, y los senadores a 96. Incluye la posibilidad de tener candidaturas independientes e iniciativas ciudadanas y de la Suprema Corte. Los partidos requerirán un 4 por ciento de los votos para obtener su registro, en vez del 2 por ciento actual. Por si fuera poco, el Gobierno se arroga la facultad de presentar al inicio de cada legislatura dos iniciativas de ley que se considerarían aprobadas en caso de que el Congreso no las dictamine, y si no hay acuerdo entre el Gobierno y el Congreso, se haría un referéndum.
Queda aún un gran tramo para que estas iniciativas sean discutidas en el Congreso, y está en el aire su aprobación, que puede ser parcial o incluso puede denegarse, dado que el Gobierno las lanzó sin acuerdos previos en un acto más bien efectista. Pero esta maniobra es muy reveladora de lo que pretende el Gobierno frente a la crisis política que se desató en 2006 y que no ha concluido.
La segunda vuelta, las candidaturas independientes y las iniciativas ciudadanas habrían tenido un alcance revolucionario… hace 6 años; ahora, cuando actores locales, a sueldo de las grandes empresas. amenazan con promover sus agendas desde candidaturas sin base social, el panorama que aparece es el de una descomposición acelerada. La reelección sólo apunta a la consolidación de los grupos de poder locales, que hoy ostentan las siglas del PRI y que ya no abandonarían las posiciones que lograron en la elección de 2009.
El conjunto de las iniciativas del Gobierno tienden, pues, al reforzamiento de los grupos locales y de los monopolios económicos y financieros, que son los que pueden aprovecharse de una “apertura” del Estado, mientras que los “ciudadanos” tendrían que seguir mirando cómo se reparte el poder a su costa.
Los partidos de izquierda legales también tienen su parte, pues el aumento del mínimo legal a 4 por ciento sacaría de la jugada al PT y a Convergencia, además que la Cámara de Diputados reduciría los escaños y haría éstos menos asequibles para los partidos pequeños; tramposamente, se reducen las diputaciones electivas al parejo que las plurinominales, lo que implica que aumenta el número de electores que se requieren por distrito, pero se mantienen las cuotas de los partidos con mayor presencia en los órganos legislativos.
Mal hará la izquierda si continúa haciendo cuentas alegres acerca de la elección de 2012, como si el triunfo estuviera a la vuelta de la esquina, el Gobierno, los grupos locales y los oligopolios trabajan con ahínco para impedir que la izquierda legal tenga posibilidades de alcanzar la presidencia en 2012 o en cualquier otra fecha.
Y, sin embargo, eso es precisamente lo que ocurre, pues la izquierda se ocupa de evitar que las masas asciendan por su propia iniciativa, por temor a ser rebasados por esas mismas masas. Con todo, la respuesta que dé la izquierda legal a la maniobra del Gobierno será muy reveladora de lo que la izquierda legal entiende por cambio democrático en México.
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