Es frecuente escuchar en algunos medios de comunicación afines a las posiciones del Gobierno la tesis de que la violencia delincuencial que sacude al país no tiene diferencias fundamentales con la de antaño, sólo que como ahora el Gobierno se ha empeñado en una lucha frontal contra ella, entonces esta se ha recrudecido ya que los grupos criminales se baten en retirada.
Pero poca evidencia puede aducirse a favor de una tesis tan simple. Ciertamente México ha padecido la violencia de los grupos delincuenciales desde mucho tiempo atrás, por no ir muy lejos, desde los 1970s hacia acá, los narcotraficantes han sembrado el terror en muchas poblaciones rurales, y en los asentamientos marginales de las ciudades, los grandes capos de las drogas han sido, desde los 1980s verdaderos “señores de la guerra” en varias regiones del país, sobre todo en Sinaloa, Ciudad Juárez, Tijuana y Tamaulipas; al capo se le asocia siempre a un grupo armado, lo sicarios, encargados de proteger los cargamentos de drogas, al capo y a su familia, así como de luchar en las calles para defender o conquistar las rutas del trasiego.
Desde hace tiempo, el capo y el sicario han sido parte del abanico del crimen por lucro en el país, junto a otros como los secuestradores y ladrones. El Gobierno, presionado por los EU ha perseguido el narcotráfico desde los 1940s, pero con intensidad creciente desde fines de los 1970s, combate en el que se han comprometido no sólo las policías federales (PJF, DIPD, DFS, AFI, PFP, PF), sino las corporaciones estatales y aún el Ejército. Los resultados de esta lucha han sido poco halagüeños, miles y miles de agentes de seguridad han sido corrompidos con el dinero de los cárteles, los cuales se extendieron por el país conforme se incrementaba la demanda de drogas de los EU, muchos capos y sicarios resultaron muertos o cayeron presos, pero fueron remplazados y los cárteles siguieron operando.
Hacia 2005-2006, cuando llegó al poder la segunda administración panista, la violencia criminal se había tornado incontrolable, las operaciones “México Seguro” habían fracasado, y el Ejército estaba involucrado en la seguridad de varias ciudades. El nuevo Gobierno se empeñó en una “guerra al narcotráfico” cuya motivación se ha debatido ampliamente. Con esta consigna se desplegaron miles de soldados en las calles de las ciudades más golpeadas por la violencia callejera. El anuncio fue hecho por el presidente de la República, que lo hizo enfundado en una casaca militar y con una gorra con cinco estrellas bordadas en un gesto altamente simbólico, en el que el poder civil se asimilaba al militar, buscando crear la impresión de unidad nacional en torno al Gobierno.
Para desgracia del bloque dominante, el Gobierno no acompañó la aparatosa “ofensiva” con medidas realmente efectivas de combate al narcotráfico, sobre todo en el área de las finanzas, en el de atención a la salud, en la educación y el combate a la pobreza, de manera que la “guerra” acabó limitándose al despliegue de militares en las avenidas principales de varias ciudades del norte y occidente del país, y que resultaron muy poco efectivas para detener tan sólo la violencia callejera.
Más aún, la militarización de la lucha con el narcotráfico tuvo como efecto la paramilitarización de los grupos delincuenciales. Numerosos grupos de policías y soldados se unieron a los cárteles, incluso sin abandonar sus corporaciones, altos mandos de la PF y del Ejército han sido acusados de tener tratos con narcotraficantes, y no han sido pocos los casos en que corporaciones estatales y municipales han quedado divididas por la afiliación de sus integrantes a distintos cárteles.
De hecho, en los últimos cuatro años, la violencia se ha recrudecido, y ha tomado un cariz nunca visto antes al menos en las zonas urbanas, pues los enfrentamientos se han tornado en verdaderas batallas que se prolongan por horas, en los que se emplean armas pesadas, explosivos y hasta cohetes portátiles. Incluso estas batallas se han producido a plena luz del día, en lugares concurridos, lo que ha generado pánico en muchas ciudades, sobre todo del norte y occidente del país. Convoyes de policías y soldados han sido emboscados en carretera, y en poblaciones pequeñas los edificios públicos han sido arrasados, como ha sido el caso en Tamaulipas, concretamente en municipios como Mier, cuyos habitantes en su totalidad tuvieron que refugiarse en poblaciones vecinas.
El estado de Tamaulipas ha registrado los episodios más álgidos de esta guerra, a mediados de 2010 comenzaron a registrarse una serie de alarmas en los foros informáticos referentes a un incremento de la violencia, estas versiones fueron descalificadas en la televisión como campañas de rumores alarmistas o de plano como manipulaciones de los grupos delincuenciales. Pero pronto, gracias a muchos ciudadanos tamaulipecos que se arriesgaron a grabar videos y a publicar versiones en red, se supo lo que estaba ocurriendo en el estado. El Cártel del Golfo (CDG) había comenzado una verdadera campaña bélica contra el cártel de los “Zetas”, con el fin de expulsarlos de Tamaulipas, donde ambas organizaciones convivían.
Cabe hacer un apunte sobre el origen de los “Zetas”, pues es el indicador más saliente de la naturaleza de la “guerra”. Los Zetas fueron en su origen la guardia personal del capo Osiel Cárdenas, jefe del CDG, y que se dice desconfiaba profundamente de sus lugartenientes, por lo cual reclutó a varios desertores del Ejército, de los nuevos grupos de élite GAFE (Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales); los llamados Zetas comenzaron a ganar influencia dentro del cártel del Golfo, que controla la ruta de trasiego que va del Caribe al sur de Texas. Incluso cuando Cárdenas fue detenido y extraditado a los EU, donde permanece, los Zetas continuaron en ascenso, continuamente reforzados por militares mexicanos y centroamericanos.
Para 2005-2006, los Zetas ya podían considerarse un cártel independiente del CDG, con sus propias rutas y plazas fuertes, y con su líder Heriberto Lazcano, convertido en un capo, hombro con hombro con los “barones” de la droga.
Los Zetas se hicieron odiosos al CDG, que lanzó una campaña de propaganda llamando a la erradicación de los “fuereños” (los del CDG son tamaulipecos en su mayoría o así lo afirman, y los Zetas son de otros lados, sobre todo de Hidalgo). La oleada de 2010 fue liderada por el CDG, pero consta que recibió ayuda de otros cárteles, incluso rivales, sobre todo el de Sinaloa, y la Familia Michoacana, que enviaron sicarios en gran número a Tamaulipas a combatir a los Zetas. Según testigos y registros gráficos, las calles de las ciudades comenzaron a ser patrulladas por convoyes de camionetas tipo van con rótulos que decían “CDG”, o sea, Cártel del Golfo”, a manera de identificación; estos grupos armados se movilizaban impunemente, a la búsqueda de células de los Zetas, tomando carreteras, calles y poblados completos, participando en cruentos enfrentamientos, sin que las fuerzas de seguridad locales o federales actuaran en su contra, lo que hizo pensar que había un acuerdo para eliminar a los Zetas, quienes fueron diezmados, pero lograron refugiarse en Nuevo León, en la zona de Monterrey, y pronto comenzaron a contraatacar, logrando recuperar sus posiciones, y restableciendo al menos en parte su lugar en las rutas del Golfo.
Los Zetas significaron un salto cualitativo en la estructura de los cárteles, pues no en balde están integrados por soldados. Conforman un grupo paramilitar, organizado según ordenanzas y sumamente disciplinado, como demuestra la resistencia que manifestaron a la oleada del CDG de 2010, lucha que en muchas partes de Tamaulipas aún continúa. Además, los Zetas han sido constantemente denunciados por sus rivales por participar en toda clase de delitos para financiarse, y particularmente en secuestros, sobre todo de migrantes, como hizo patente el caso de la masacre de San Fernando, donde presuntos Zetas sacrificaron a 72 migrantes centro y sudamericanos. El CDG llamó significativamente a regresar al “negocio de ellos”, o sea, el trasiego de drogas, y dejar los delitos contra la ciudadanía, algo semejante a lo que proclama La Familia, creada a su vez por los Zetas en Michoacán, y luego enfrentada a ellos.
Esta evolución de los cárteles en grupos paramilitares se corresponde con la situación general de crisis del capitalismo, pues el cambio en las rutas de tráfico y el incremento del consumo de estupefacientes en EU y Europa ha exacerbado la competencia entre los proveedores, que por ser negociantes al margen de la ley sólo pueden dirimir sus conflictos por medio de las armas, con las rutas de trasiego como campo de batalla. Nuestro país es atravesado por tres rutas principales: la del Golfo, que va de Quintana Roo a la frontera tamaulipeca; la central, que va de la Ciudad de México a Ciudad Juárez; y la del Pacífico, que va de Chiapas a Tijuana. Hay además otras ramas de importancia, principalmente la ruta Acapulco-DF; la Veracruz-DF; la Sinaloa-Ciudad Juárez; la Manzanillo-Guadalajara; la Monterrey-Reynosa; entre otras.
Estas rutas son materia de disputas constantes entre los cárteles, tanto más conforme las sumas de dinero se incrementaron, pero este mismo dinero atrajo a otros, sobre todo a policías, soldados y funcionarios, que se incorporaron individualmente o en grupos a las organizaciones criminales; y esto resultó en que las poblaciones rurales y urbanas a lo largo de las rutas de trasiego se convirtieron en posiciones en disputa. Más que nunca, resultó indispensable para un cártel controlar a policías y funcionarios locales para poder llevar a cabo su actividad, las plazas se compraron y vendieron como mercancías, o sea, se hizo participar del negocio a una cantidad mucho mayor de “socios”: funcionarios y agentes de seguridad, de lo que resultó que a veces se “vendía” una misma plaza a varios cárteles lo que hacía sobrevenir una oleada de venganzas y asesinatos contra policías, funcionarios y traficantes rivales. Esto motivó la búsqueda de rutas alternas, pero pronto se presentó de nuevo la disputa, y así la violencia acabó por extenderse a lugares que nunca antes se habían visto involucrados.
Un signo que anunció estos cambios fue la creciente cantidad de fusiles de asalto estadunidenses que aparecían en manos de sicarios, pues durante mucho tiempo el arma predominante fue el fusil AK-47, popularmente conocido como “cuerno de chivo” por su cargador curvado. Pero ahora se veía con abundancia el fusil AR-15, internado ilegalmente por la frontera norte; y con el llegaron armas mucho más temibles, como bazucas, lanzagranadas y fusiles antiaéreos Barret, que han tomado parte en feroces combates a lo largo de las rutas de la droga.
Y si estas armas han podido ser empleadas es que en buena medida los sicarios de hoy son policías y soldados desertores, en retiro o incluso en activo. Los Zetas incluso han contado con centros de entrenamiento para sus “reclutas” en ranchos de Tamaulipas y Nuevo León; en uno de estos centros se decomisaron gran número y tipo de armas, así como uniformes y mochilas con el emblema del grupo delictivo.
El fenómeno de la violencia delincuencial en México tiene un claro origen en la corrupción del Estado, que abrió las puertas de par en par de los cuerpos de seguridad a los grupos criminales, mismos que se sirvieron de ellos en la disputa por las rutas de trasiego, y acabaron por desmoralizarlos. El incremento del consumo en EU y Europa, pero también en México, ha inundado nuestro país de dólares que ingresan como una renta, como un capital que no puede invertirse en actividades productivas sin antes “lavarse”, o sea, hacerse pasar por dinero lícito a través del sistema financiero, mismo que participa felizmente del ciclo de la corrupción, y se convierte en parte de la esfera de criminalidad, a cambio de un dividendo considerable.
Significativamente, el Gobierno no ha dirigido sus esfuerzos punitivos contra el sector financiero, como si la cuestión del narcotráfico se limitase a bandas de sicarios con sombreros y camionetas de lujo que se pasean por las calles de ciudades del norte. Pero ¿es inocente de todo lo que ocurre el circuito financiero mexicano? Es de dudarse si se tiene en cuenta la cantidad de dinero que manejan los cárteles, y sobre todo el carácter cada vez más internacional de sus contactos y operaciones, si bien es cierto que buena parte de sus transacciones se realizan en efectivo, llegando a movilizar cantidades enormes de billetes (dólares), como lo han mostrado casos como el de Zhenli Ye Gon, presunto traficante de precursores de metanfetaminas, a quien se le decomisaron 205 millones de dólares en efectivo, que escondía en su casa, entre otros casos semejantes; también es conocido que muchos billetes son embarcados con destino a Sudamérica, para ser intercambiados por droga a los cárteles colombianos.
Y tampoco se ha hecho gran cosa en torno a los círculos políticos, salvo las detenciones, espectaculares, de alcaldes michoacanos, de un precandidato perredista, etc., que acabaron en un estruendoso fracaso, pues casi todos los reos fueron liberados por órdenes de tribunales. Es vox populi, sin embargo, que los círculos políticos están decisivamente confabulados con los narcotraficantes, revistas como Proceso han publicado señalamientos de vínculos de decenas de personajes de las administraciones locales y aún la federal con conocidos capos, sin que ello genere siquiera una respuesta. Más aún, el candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, y que era el contendiente favorito fue asesinado violentamente en una emboscada durante su campaña. El ex gobernador de Colima fue también asesinado violentamente, 15 alcaldes han caído muertos con violencia, también diputados locales y aún federales, un diputado del PT de Tamaulipas difundió una denuncia sobre el narcotráfico y fue asesinado junto con sus acompañantes, escolta incluida.
La crisis general del capitalismo se ha manifestado en México cómo una crisis de múltiples aspectos en donde el narcotráfico aparece como un factor concurrente, producto y causante de la corrupción del Estado, tanto en el nivel político como en el financiero y a nivel de las fuerzas de seguridad. Esta crisis se ha traducido en la conversión de la economía de producción y reinversión de plusvalor a una economía de canalización de rentas, en la cual una renta como la de la droga no se convierte en un capital productivo, sino que se destina al goce de unos pocos, que adquieren productos de importación y contratan servicios que a su vez se realizan con bienes importados. Por ejemplo, los capos y sicarios, que poseen la renta de la droga, compran, entre otros bienes de lujo, como grandes mansiones, que son construidas con materiales muy costosos, y cuya construcción requiere contratar muchos trabajadores especializados, los materiales de construcción y el trabajo especializado que se invirtieron en la casa del capo equivale a una gran masa de capital que deja de invertirse en fábricas y campos de cultivo, etc., esto es, que queda fuera de la circulación mercantil. Los capos y sicarios también gastan grandes sumas de dinero en vehículos y armas (sus “medios de trabajo”), que son o importados o producidos por empresas extranjeras. El dinero de la droga, como el del petróleo sólo sirve para sostener el poder de una minoría a costa del bienestar de las mayorías empobrecidas, que además ven su entorno vital sustraído a la tranquilidad por la constante violencia de los grupos criminales, lo que también significa un costo en la salud y en la marcha normal de los negocios. Este ha sido el caso de Monterrey, cuya fama de lugar próspero e industrializado se vino abajo cuando las bandas criminales fueron capaces de aislar la zona urbana movilizando a cientos de lúmpen para bloquear las principales carreteras que comunican la ciudad con el resto del país, luego bloquearon esas carreteras con vehículos, logrando idéntico resultado. El colmo fue que en los bloqueos participaran policías en activo al servicio de los cárteles.
Conclusión:
La “guerra” al narcotráfico, contrariamente a lo manifestado por el Gobierno, ha redundado en la paramilitarización de las bandas criminales, que se conducen como pequeños ejércitos privados bien disciplinados. Este proceso se ha traducido en una regresión para el conjunto del país, tanto en el aspecto político, como en el económico, en beneficio de una minoría de capos, capitalistas, políticos, jefes policiacos y militares, significando para las masas trabajadoras un atentado al bienestar y a la paz a las que aspiran genuinamente desde siempre.
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